Loureiro, ingeniero y expresidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, asumió la presidencia de la CCE en julio de 2025. Desde entonces advierte sobre lo que la confederación define como una conflictividad laboral “desmedida”. Mencionó casos en construcción, bebidas, lácteos, carne y transporte, pero ubicó al conflicto portuario aparte: “Hay casos bastante más complejos, como pueden ser los paros en las operativas portuarias, porque en definitiva eso afecta al libre desarrollo de varios sectores de actividad económica”. Llegó a clasificar algunas conquistas sindicales como victorias que terminan siendo contraproducentes y lo definió como “un aprendizaje” que debe tomar para sí “principalmente el sector de los trabajadores”.

Sensación de conflictividad

El Índice de Conflictividad Laboral que elabora la Universidad Católica muestra una caída de 53,8% en el índice global del primer semestre de 2026 con respecto a 2025 (de 41,1 a 18,9 puntos), con las jornadas perdidas concentradas en educación, construcción y administración pública. Consultado por esta medición, Loureiro atribuyó parte de la diferencia a que en 2025 se laudaron varios Consejos de Salarios y explicó que su diagnóstico de una conflictividad sobredimensionada responde a “una sensación” que los pone en un estado de “alerta mayor”.

El ejecutivo sostuvo, además, que el índice no capta el costo real de los paros portuarios. Mencionó los ya 33 días de afectación en lo que va del año, aunque aclaró que sus colegas del Centro de Navegación señalaron que en realidad son más, por la sumatoria de medidas de otros sindicatos portuarios ajenos al conflicto en TCP. A modo de ejemplo, recordó que un contenedor de carne refrigerada debió reclasificarse como congelada, perdiendo cerca de la mitad de su valor, más días extra de almacenaje, y que un barco no pudo atracar en Montevideo y debió desviarse a Buenos Aires, con el sobrecosto correspondiente.

El diálogo con el gobierno

El diagnóstico llega días después de una reunión realizada el martes 18 de agosto entre una delegación empresarial encabezada por Loureiro, el presidente Yamandú Orsi y el ministro de Economía, Gabriel Oddone. Según el entrevistado, además del puerto se habló de competitividad, del costo de la energía y de la eventual reducción de la jornada laboral, uno de los reclamos de PIT-CNT a futuro. Contó que Orsi fue claro en afirmar que la reducción de la jornada “no es un tema que esté promoviendo el gobierno desde Torre Ejecutiva”, aunque sí les interesaba analizar su impacto en todas sus dimensiones.

Acerca de la posibilidad de declarar la esencialidad del servicio portuario, asunto que generó algún ruido a la interna del gobierno, Loureiro evitó tomar partido: “los instrumentos existen, son decisiones políticas utilizarlos o no”, dijo, aunque después consideró que quienes lo ven como una restricción al derecho de huelga están equivocados. “No es una restricción”, afirmó, y agregó que “hay derecho a hacer huelga y hay derecho a trabajar”.

En materia de competitividad, calificó la ley que el gobierno remitió al Parlamento en junio como “un comienzo”, y adelantó que el semestre próximo promoverán que se discuta el costo de la energía, que afecta a los tambos y a los sectores que dependen del riego.