No hablo de si un gobierno tiene más o menos aprobación. Tampoco de si una oposición encuentra mejores o peores argumentos para cuestionarlo. Mucho menos de las encuestas, que son fotografías de un momento y no el álbum completo de una gestión de cinco años.

Hablo de algo más profundo: de cómo nos estamos relacionando quienes tenemos la responsabilidad de representar a los ciudadanos.

Uruguay construyó, durante décadas, una forma particular de hacer política. No porque nuestros dirigentes fueran mejores que los demás, ni porque hayamos estado libres de errores, enfrentamientos o profundas diferencias. Todo lo contrario. Nuestra historia política está llena de disputas, de elecciones reñidas, de debates ásperos y de proyectos de país que se enfrentaron y se enfrentan con enorme intensidad.

Pero hubo algo que, con dificultades, supimos preservar siempre: determinados límites.

Límites que no impedían discutir. Límites que no significaban silencio ni complacencia. Límites que permitían que después de una elección, de una interpelación, de una sesión parlamentaria o de una campaña particularmente dura, los adversarios políticos siguieran reconociéndose como parte de una misma comunidad.

Eso también es república.

Y quizás estamos empezando a perderlo.

El temperamento del debate público ha escalado. La confrontación muchas veces dejó de ser un instrumento para defender ideas y comenzó a convertirse en un fin en sí mismo. La descalificación sustituye al argumento. La sospecha ocupa el lugar de la discusión. La indignación permanente parece haberse convertido en una forma de hacer política.

Y deberíamos prestar atención.

Porque ninguna democracia se rompe de un día para otro.

Las democracias se deterioran lentamente. Se deterioran cuando determinadas conductas que antes hubieran resultado inadmisibles comienzan a parecernos normales. Cuando el adversario deja de ser alguien que piensa distinto y pasa a ser alguien cuya legitimidad se pretende poner en duda. Cuando la discusión política abandona definitivamente la búsqueda de soluciones y se transforma en una competencia permanente por ver quién consigue inflamar más a los propios.

El problema es que esa lógica puede ser electoralmente rentable durante un tiempo, pero institucionalmente es carísima.

La gente no nos elige para que discutamos mejor.

Nos elige para que gobernemos, controlemos, legislemos, propongamos, negociemos y encontremos respuestas a sus problemas.

Por supuesto que la principal responsabilidad recae sobre quien gobierna. El gobierno tiene la obligación de conducir, de explicar sus decisiones y de hacerse cargo de sus resultados.

Pero la responsabilidad institucional no termina allí.

Las oposiciones tienen también una responsabilidad con el país. Oponerse es parte esencial de la democracia. Controlar al gobierno es una obligación republicana. Señalar errores y proponer caminos alternativos es absolutamente legítimo.

Pero una cosa es la oposición firme y otra muy distinta es convertir la política en un terreno donde todo vale.

La pasión es imprescindible. No hay política sin convicciones, sin identidad, sin emoción, sin voluntad de transformar la realidad. Pretender una política completamente aséptica sería desconocer la naturaleza misma de la actividad pública.

Pero la pasión necesita límites.

Porque una cosa es la intensidad y otra la violencia verbal. Una cosa es la firmeza y otra la descalificación. Una cosa es la discrepancia y otra la destrucción sistemática del otro.

Hay una razón muy concreta para preocuparnos por esto.

Cuando los partidos políticos se deterioran, no aparece automáticamente algo mejor para sustituirlos. Aparece, muchas veces, el desencanto.

Y detrás del desencanto aparece una frase que deberíamos escuchar con mucha atención: “son todos iguales”.

Esa frase no distingue entre partidos, ideologías, trayectorias ni responsabilidades. Mete todo en la misma bolsa. Y cuando esa percepción se instala, termina alimentando corrientes que cuestionan no solamente a determinados dirigentes, sino a la política como herramienta de transformación colectiva.

Ningún partido debería sentirse ajeno a esa responsabilidad.

Porque no somos solamente víctimas de la desconfianza ciudadana. También podemos ser sus responsables.

No son los ciudadanos quienes degradan la política cuando desconfían. Somos nosotros, los políticos, quienes debemos preguntarnos qué hacemos para que esa desconfianza crezca.

Uruguay tiene una ventaja que no debería darse por garantizada.

Durante más de cuatro décadas hemos sostenido, de manera ininterrumpida, una democracia que atravesó crisis económicas, cambios de gobierno, profundas transformaciones sociales y alternancias políticas.

Eso no ocurrió por casualidad.

Lo construyeron generaciones enteras de uruguayos. Dirigentes de todos los partidos. Ciudadanos anónimos. Militantes. Parlamentarios. Gobiernos y oposiciones. Gente que pensaba radicalmente distinto y que, aun así, entendió que había algo más importante que la disputa de cada día.

La república.

Por eso quizás sea tiempo de bajar un cambio.

No para dejar de discutir.

Sino para recordar que la política tiene que producir algo más que adversarios derrotados y militantes satisfechos.

Tiene que producir soluciones. Tiene que producir convivencia. Tiene que producir futuro.

La república no necesita una política sin conflictos. Necesita una política capaz de procesarlos.

Ese es, en definitiva, el desafío.

(*) Diputado del Frente Amplio.