Aline Bisio preside desde hace casi un año el Centro Comercial e Industrial de Salto e integra la directiva de la Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU), que agrupa a los centros comerciales de los departamentos del interior. Contó que la candidatura nació de las cámaras, cuyos presidentes se reúnen con frecuencia en Montevideo: ya se habían postulado en otra oportunidad y este año decidieron volver a hacerlo, esta vez en conjunto.

Son seis cámaras que, según dijo, nuclean a más de 28. Cada una propuso a un directivo, no a su presidente, para integrar como suplente la lista que encabeza Daniel Añón. Entre los compañeros de directiva de CEDU fue elegida ella.

A Bisio le atrae el desafío de cumplirles a las empresas en materia de gestión, un terreno al que, desde el norte, aseguró, cuesta acceder: “la cocina está en Montevideo”. Cree que trabajar en conjunto, como ya lo hacen semanalmente, ayudará a vincular a los empresarios a nivel nacional, y su idea es que cada cámara lleve al directorio del BPS las necesidades de su rubro.

Los desafíos y la informalidad en los departamentos fronterizos

Según Bisio, en los departamentos que recorrió la lista aparecen “las mismas deficiencias empresariales, muy similares”. A eso, afirmó, los fronterizos suman la diferencia de precios con los países vecinos y la informalidad. Agregó que el interior tiene otro costo de vida y predominan las empresas familiares y locales, afectadas por las grandes superficies y por el tipo de cambio.

Sobre la formalización, expresó que muchas personas quieren formalizarse, pero los costos no se lo permiten. Habló de emprendedores que empezaron solos tras la pandemia y no pueden afrontar los costos fijos, por lo que terminan “trabajando en negro”. En Salto, contó, ya se reúnen con entidades públicas para buscar cómo incorporarlos al BPS con un costo mínimo, con acceso a salud y jubilación. Consultada por una medida específica, reconoció que hoy no hay una propuesta concreta, aunque hay “varias cosas pensadas” que se trabajarán si la lista gana.

Señaló además un problema de respuesta: en el interior hay oficinas del BPS, pero trámites iniciados por internet quedan a la espera de una definición desde Montevideo porque “en el interior no te saben responder”, con costo en tiempo para empresas y contadores.

Certificaciones y reducción de costos

Empresarios de distintos rubros, comentó, le dijeron que las certificaciones médicas prolongadas son de lo que más les afecta. Citó un frigorífico que, para sostener 120 puestos, necesita 140 personas para cubrir las certificaciones, lo cual definió como “costoso”, llevando a que muchas empresas duden en tomar un reemplazo por lo que implica despedirlo si el titular vuelve. Propone que el BPS genere una alerta cuando una certificación supera el año y haga una auditoría con otro médico: “Yo no digo que el médico certifique mal”, aclaró. El fin sería definir si corresponde levantar el certificado o resolver la situación del trabajador, incluso con una jubilación por enfermedad. “No puede una persona estar dos años de licencia médica”, sostuvo.

Habló de un “control externo”, como el del Banco de Seguros, pero precisó que podría hacerlo el propio BPS contratando a un médico asesor. Indicó que beneficia a ambas partes, porque el trabajador muchas veces cobra poco durante la licencia.

En cuanto al costo del Estado, planteó reducir el gasto en asesores: según dijo, cada “directivo” del BPS dispone de $ 600.000 mensuales y considera “disparatado” gastarlos sin un trámite que lo justifique. Propone que se utilice para contratar un contador o un arquitecto solo cuando haga falta en el marco de apoyar a las empresas.

Algunos cambios, admitió, requerirán un decreto y el apoyo de los demás directores “para que tenga fuerza”, pero no precisó cuáles, sino que, llegado el caso, lo evaluarían con técnicos. “No queremos competir con los otros directores, lo que queremos es aliarnos para mejorar la gestión del BPS”, apuntó.