Según explicó, la situación es muy compleja en las localidades cercanas a la frontera y en las zonas costeras, donde la actividad depende en buena medida de la temporada turística. “Lo que llega semana a semana al Centro Comercial e Industrial de Rocha, es la falta de crecimiento que tiene aventurado a futuro el comercio local de cada ciudad del departamento”, afirmó.

A esa realidad se suma una estructura empresarial integrada mayoritariamente por emprendimientos de pequeña escala. Miranda sostuvo que, de acuerdo con estudios del Monitor de Pymes de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), el 90% de las empresas de Rocha son microempresas y, dentro de ese grupo, el 70% no tiene personal dependiente. “Está costando mantener empresas con mucha operativa por el costo país”, expresó.

Además, agregó que en la costa la estacionalidad profundiza las dificultades: “Solamente tenemos 20 días fuertes en una temporada de tres meses, eso hace que nos endeudemos mucho en el invierno”. Por ende, los costos fijos y tributarios reducen el margen de maniobra de los comerciantes y dificultan sostener el empleo durante los meses de menor actividad.

Tasa bromatológica

Uno de los principales cuestionamientos del entrevistado refiere al cobro de la tasa bromatológica y a la contraprestación que reciben las empresas. El dirigente sostuvo que el sector no se opone a los controles sanitarios, sino que reclama que sean efectivos y que los recursos recaudados se traduzcan en resultados.

“Lo que vemos es que la tasa no está dando la contraprestación. Estamos invadidos de contrabando en todas las ciudades de Rocha, de todo tipo de productos”, aseguró. En ese sentido, indicó que la gremial local ha solicitado información sobre el destino de los fondos recaudados. “No vemos que los 67 millones de pesos recaudados anualmente bajen en la contraprestación. Entonces, hemos pedido informes a nuestros gobernantes para ver en qué se gasta este dinero y si se devuelve la contraprestación”, señaló.

Miranda explicó que los distribuidores formales deben asumir costos vinculados al registro, la homologación y la trazabilidad de los productos, pero luego compiten con mercadería que, según denunció, no siempre cumple con las mismas exigencias sanitarias. A su entender, esa situación perjudica a quienes operan dentro de la formalidad y presiona los precios en un departamento donde el poder adquisitivo y las posibilidades de consumo son limitados.

Más controles 

Respecto a la respuesta de las autoridades, indicó que el tema fue tratado en reuniones con la Dirección de Bromatología. Según dijo, desde esa dependencia se ha señalado que los controles sobre comercios no registrados dependen, en determinados casos, de la existencia de denuncias. Para Miranda, ese escenario brinda una señal negativa a quienes cumplen con las obligaciones: “Lo que le deja al empresariado o al comerciante que va a abrir un comercio es que es mejor trabajar informal que formal, ya que, si no hay denuncia, el municipio no accede a hacer controles”.

El planteo de la cámara empresarial apunta a revisar los costos y fortalecer la fiscalización. “Nosotros no estamos contra la Dirección de Bromatología, queremos que sea efectivo porque si no, no hay cómo crecer, cómo mantener empleo y cómo distribuir con costos tan elevados una mercadería con sanidad”, remarcó.