El régimen alcanza a empresas de industria y comercio, rural, construcción, servicios personales y servicio doméstico. Como regla general, comprende obligaciones cuyo hecho generador se hubiera producido hasta el mes de cargo junio de 2026. Para las empresas de aportación rural, el BPS informa que el período se extiende hasta agosto de 2026. Por eso, antes de calcular una financiación, corresponde identificar el tipo de aportación y el período que se pretende regularizar.

La composición de la deuda determina el tratamiento aplicable. Los aportes personales de trabajadores dependientes pueden financiarse por el monto original, sin multas ni recargos, hasta en 36 cuotas mensuales en moneda nacional. Las multas y recargos se sustituyen por la rentabilidad máxima del mercado de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), calculada sobre el monto de la deuda original convertido a Unidades Reajustables (UR) a la fecha de exigibilidad. Ese componente puede financiarse hasta en 72 cuotas mensuales en UR, con un interés del 2% anual.

Por otra parte, las obligaciones patronales por trabajadores dependientes y la totalidad de las obligaciones por trabajadores no dependientes se convierten a UR al momento de su generación y pueden financiarse hasta en 72 cuotas mensuales en esa unidad, con un interés del 2% anual. La ley contempla, además, que las deudas personales de trabajadores no dependientes de empresas unipersonales y sociedades de hecho sin dependientes —incluidas las obligaciones de Fonasa por servicios personales— puedan financiarse en moneda nacional bajo el régimen previsto en los artículos 32 a 34 del Código Tributario. Este tratamiento debe analizarse separadamente de las deudas por aportes de trabajadores dependientes.

La expresión de las cuotas en UR tiene un efecto financiero que conviene considerar desde el inicio. El valor en pesos de cada cuota se determina según la cotización de la UR correspondiente, por lo que no necesariamente se mantiene constante durante todo el convenio. En consecuencia, comparar únicamente el importe inicial puede llevar a una lectura incompleta del compromiso. También es necesario separar el capital de la deuda de los accesorios sustituidos, verificar las fechas de exigibilidad utilizadas y evaluar la incidencia del interés previsto para cada componente.

El régimen establece requisitos distintos según la categoría de la empresa. Las micro y pequeñas empresas en actividad, incluidas las registradas como monotributo, no tienen un importe mínimo para las cuotas y pueden optar por un período de gracia de hasta seis meses para iniciar el pago de las cuotas correspondientes a obligaciones patronales. Asimismo, no les es exigible, para acceder al régimen, la condición de tener abonadas las obligaciones corrientes de los tres meses inmediatos anteriores.

Para las demás empresas en actividad, las obligaciones corrientes de esos tres meses deben estar abonadas antes de la suscripción y cada cuota tiene un mínimo de 2 UR. Las empresas sin actividad también tienen un mínimo de 2 UR por cuota. La existencia del período de gracia y la excepción al requisito de regularidad corriente se vinculan específicamente con las micro y pequeñas empresas en actividad; no deben extenderse automáticamente a las restantes categorías.

Desde la práctica profesional, la determinación del saldo es una etapa central. Antes de tramitar el convenio conviene conciliar las obligaciones pendientes con los pagos realizados, revisar los períodos incluidos y verificar que las declaraciones nominadas y la información de los trabajadores sean correctas. Si aparecen observaciones en la cuenta, el BPS indica que deben subsanarse antes de iniciar la gestión. Financiar un saldo que contiene errores de imputación, períodos mal declarados o pagos no aplicados puede generar un acuerdo que no refleje la situación real de la empresa.

También corresponde analizar la regularidad posterior a la firma. El convenio financia obligaciones anteriores, pero no suspende las obligaciones corrientes que se generen durante su vigencia. La empresa debe poder atender simultáneamente las cuotas del acuerdo y los aportes nuevos. Por eso, el análisis de capacidad de pago debería considerar vencimientos futuros, ingresos esperados y variaciones de la actividad, además del importe de la primera cuota.

La ley prevé la caducidad del convenio si transcurren dos meses desde el vencimiento de la primera cuota impaga. Producida la caducidad, puede hacerse exigible el saldo de la deuda originaria convenida, junto con los recargos que correspondan hasta su cancelación. Si existen acciones judiciales promovidas por el BPS, la firma del convenio habilita su suspensión cuando se hayan incluido íntegramente los adeudos que dieron origen a esas acciones y se cumplan regularmente las cuotas.

Además, la Ley Nº 20.504 no impide que el contribuyente se acoja a otros regímenes de financiación que puedan resultarle más favorables. Por eso, conviene comparar qué obligaciones admite cada alternativa y cuál es su costo total, en lugar de elegir únicamente por el plazo o por el importe inicial de la cuota.

Por eso, la evaluación no debería limitarse a confirmar cuántas cuotas permite el régimen. Es necesario clasificar correctamente cada obligación, verificar su período, determinar cómo se expresa en pesos o en UR, revisar los requisitos aplicables a la empresa y proyectar el cumplimiento futuro. El convenio puede ser una herramienta eficaz para regularizar adeudos, pero su resultado depende de que el saldo esté bien determinado y de que la empresa pueda sostener tanto la financiación como sus obligaciones corrientes.

Esta nota es meramente informativa, no es un asesoramiento ni consejo legal.

(*) Integrante del Equipo de Galante & Martins.