-¿Qué lectura hace del comportamiento actual de los consumidores uruguayos, que ha cambiado drásticamente tras la evolución de la digitalización?
-El consumidor cambió sustancialmente: está mucho más informado y es más exigente, tolera menos las fricciones, compara precios y experiencias a escala global desde el celular y ve al mundo entero como su vidriera. Las compras digitales, tanto locales como en el exterior, son el ejemplo más claro de ese cambio de hábitos.
Pero al mismo tiempo, y de forma aparentemente contradictoria, es un consumidor más cauto. Aunque sus ingresos reales se han incrementado en los últimos tiempos, ese poder de compra no se está volcando al mercado interno con la intensidad esperada. En este escenario, ya no alcanza con abrir las puertas y esperar al cliente: hay que darle razones para elegir el comercio local, con buen servicio, presencia en distintos canales a la vez y una experiencia de compra capaz de competir de igual a igual con cualquier plataforma internacional. Y esa adaptación no resulta igual de sencilla para todas las empresas.
-Usted ha manifestado preocupación por la realidad de las pequeñas y medianas empresas, que deben enfrentar esta transformación tecnológica con muchos menos recursos que las grandes. ¿Qué posibles soluciones se podrían implementar para mitigar esta dificultad?
-Es un tema que me preocupa especialmente, porque refiere a la inmensa mayoría de nuestro tejido empresarial: las mipymes representan el 99,5% de las empresas formales del país y generan cerca de dos de cada tres empleos privados. Sin embargo, a pesar de su peso, son las que tienen menos margen de maniobra para afrontar esta transformación: una de cada dos cierra antes de cumplir tres años; una de cada cinco está fuera del sistema financiero ya sea por exclusión o por autoexclusión derivada del desconocimiento o la desconfianza, y sus niveles de adopción tecnológica siguen siendo acotados.
Frente a esta situación, identificamos tres líneas de acción prioritarias. La primera es la capacitación. Muchas veces el problema no es la falta de tecnología, sino la falta de formación en gestión, tanto del empresario como de su equipo, para incorporarla con éxito. La segunda es el desarrollo de esquemas de financiamiento más flexibles y adaptados a la escala de estas empresas, incluidas las fintech como alternativa a la banca tradicional, y de herramientas asociativas como los círculos de fortalecimiento financiero que venimos impulsando con el apoyo de ANDE.
La tercera, y tal vez la más urgente, es una simplificación administrativa sustantiva por parte del Estado. Es fundamental que herramientas como el sistema integrado de gestión y la plataforma única de trámites previstos en la Ley de Competitividad eliminen efectivamente las duplicaciones, y no se limiten a digitalizar la burocracia existente. A esto debe sumarse una estructura tributaria progresiva y gradual según la escala del negocio, para que crecer no termine siendo, en la práctica, un desincentivo para la propia empresa.
-¿Cómo ha sido el diálogo hasta ahora con este gobierno? ¿Cuáles han sido sus planteos y cómo han sido recibidos?
-El diálogo con el gobierno es bueno y se ha canalizado a través de ámbitos institucionales abiertos. Eso nos permitió, por ejemplo, participar en la consulta previa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) antes del envío de la Ley de Competitividad al Parlamento. Lo mismo ocurre con otros ministerios, agencias y organismos relevantes para el sector empresarial. Esto nos permite aportar no solo en la implementación de determinadas normas y regulaciones, sino también —y quizás sea lo más valioso— en su diseño, poniendo sobre la mesa la visión y la experiencia del sector empresarial.
Nuestros planteos se han centrado, de manera sostenida, en tres ejes: garantizar condiciones de competencia equitativas, promover una simplificación efectiva del entorno de negocios y avanzar en una agenda decidida de reducción del costo país.
Sin embargo, la existencia de estos ámbitos no siempre se traduce en los resultados esperados. Un ejemplo claro fue la Ley de Empleo Integral. Entendemos que antes de su aprobación no hubo una consulta sustantiva con las cámaras empresariales, más allá de instancias meramente informativas.
Hay, además, dos temas que hoy están en plena discusión, que son la negociación colectiva y la reducción de la jornada laboral. En el primer caso, el debate se reactivó en junio de este año, cuando la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT exhortó formalmente a Uruguay a revisar el artículo 12 de la Ley 18.566, que habilita a los Consejos de Salarios no solo a fijar salarios mínimos por categoría, sino también a establecer condiciones generales de trabajo para toda la actividad privada. Es un reclamo que las cámaras empresariales venimos planteando ante la propia OIT desde el año 2009. Nuestra posición de fondo es acotar la intervención tripartita del Estado a la fijación de salarios mínimos y preservar, para el resto de las condiciones de trabajo, una negociación bipartita libre y voluntaria entre empresas y trabajadores, tal como establece el Convenio 98 de la OIT.
-Otro de los reclamos de las cámaras apunta al funcionamiento de la negociación colectiva por rama de actividad. ¿Qué cambios consideran necesarios para contemplar mejor las distintas realidades de las empresas?
-La negociación por rama de actividad muchas veces no refleja la heterogeneidad real que existe dentro de un mismo Consejo de Salarios. Empresas de tamaños y ubicaciones muy distintas quedan sujetas a las mismas condiciones, sin que se reconozcan las diferencias de productividad ni la realidad de las mipymes frente a las grandes empresas. Entendemos que ahí hay margen —sin necesidad de tocar la arquitectura general del sistema— para dar más peso a los convenios por empresa o de menor nivel, en las materias donde eso tiene sentido.
-¿Qué impacto podría tener una reducción de la jornada laboral en la competitividad de las empresas y qué condiciones deberían contemplarse para que sea viable?
-En cuanto a la reducción de la jornada laboral, la posición que la Cámara sostiene públicamente desde hace tiempo distingue con claridad entre flexibilizar el horario de trabajo y reducir la cantidad de horas trabajadas. Son dos discusiones distintas, y en el contexto actual la primera nos parece mucho más productiva que la segunda. Reducir la jornada sin una mejora previa de la productividad equivale, en los hechos, a un aumento directo de los costos laborales, algo especialmente delicado para una economía pequeña y abierta que compite por inversiones y mercados. No planteamos que sea un tema vedado, sino que cualquier cambio, si se da, sea gradual, se negocie sector por sector y contemple la heterogeneidad de cada actividad, como ya ocurrió, con sus propios matices, en el convenio de la construcción, donde la reducción gradual de la jornada se acordó recién después de más de 120 días de negociación.
-¿Qué oportunidades y desafíos identifica la Cámara en materia de comercio exterior?
-La apertura comercial también forma parte de nuestra agenda, que no se agota en los acuerdos ya conocidos con la Unión Europea (UE) y la EFTA. Hoy está sobre la mesa la eventual adhesión de Uruguay al Acuerdo Transpacífico (Cptpp), sobre la cual el MEF nos consultó formalmente en agosto y que consideramos una oportunidad relevante para el país. Como planteamos respecto al acuerdo con la UE, abrir nuevos mercados no garantiza por sí solo más exportaciones si no viene acompañado de competitividad genuina. Por eso valoramos especialmente el efecto disciplinador de adherir a un bloque de estándares exigentes: para calificar, el país debe ordenar su propia casa en materia de propiedad intelectual, compras públicas, empresas del Estado, comercio digital y calidad regulatoria, lo que mejora nuestra competitividad más allá del acceso preferencial que eventualmente se obtenga. En ese sentido, es una reforma que empuja en la misma dirección que la Ley de Competitividad, aunque llegue por otra vía.
En este contexto, el rol de la Cámara sigue siendo el de acompañar con mirada crítica, es decir, impulsar lo que consideramos positivo, proponer cambios donde hacen falta y poner sobre la mesa los temas estructurales que hoy quedan fuera de la agenda —costo de la energía, infraestructura logística, carga tributaria y mercado laboral—, que son determinantes para que Uruguay recupere un sendero de crecimiento genuino.
-¿Qué esperan para el segundo semestre del año?
-Por ahora no vemos señales de que la tendencia vaya a cambiar en el corto plazo, y las propias empresas son las primeras en anticiparlo: solo el 26% espera vender más en el tercer trimestre, por debajo del 33% que esperaba hacerlo en el trimestre que acaba de terminar.
La inversión es, sin dudas, el componente más débil de la demanda. Los indicadores adelantados de la Cámara sobre la disposición de las empresas a invertir, contratar personal o comprar insumos siguen en zona de neutralidad o de baja propensión, una lectura que coincide con la de consultoras, que identifican a la inversión como el principal componente que no está acompañando la evolución de la actividad.
Por el lado del consumo, tampoco aparece un impulso capaz de compensar esa debilidad. Si bien los ingresos reales de los hogares continúan creciendo, aunque a menor ritmo, la confianza del consumidor sigue en zona de moderado pesimismo, lo que anticipa cautela y un menor dinamismo del gasto. En conjunto, el panorama es el de una actividad privada prácticamente estancada, sin un motor claro que impulse una recuperación generalizada.
Aun así, hay factores favorables en el horizonte como el tratamiento de la Ley de Competitividad, la puesta en marcha efectiva del acuerdo entre el Mercosur y la UE y la potencial adhesión al Cptpp. Ninguno de ellos resuelve por sí solo el problema de fondo, porque, como venimos insistiendo, la mejor manera de ganar competitividad es, justamente, competir bajo mejores condiciones. El desafío para lo que queda del año será convertir estas reformas en más inversión, más y mejor empleo formal y empresas.