El veterinario Jaime Coronel, exdirector de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) del MGAP, representante de AUGE y uno de los organizadores del encuentro, realizó un balance positivo de la instancia, que permitió reunir a representantes de los tres países para discutir públicamente sobre el problema. “Creo que hacía cuatro años que no se realizaba, por lo cual consideramos muy positivo el haber generado una instancia en la cual todos los países se juntaran a discutir”, señaló a CRÓNICAS.
Según explicó, uno de los principales resultados fue identificar oportunidades de cooperación a partir de las experiencias de monitoreo y fiscalización de cada país. En ese sentido, destacó la posibilidad de aprovechar las capacidades de Brasil en el control de la frontera con Uruguay, los nuevos sistemas de vigilancia argentinos y las herramientas que utiliza Uruguay en su condición de Estado rector del puerto.
Sin embargo, advirtió que todavía no existe una medición integral del impacto de la pesca ilegal sobre Uruguay. Si bien hay estudios realizados en la región, consideró necesario avanzar hacia una evaluación que contemple el ecosistema en su conjunto. “Lo que se planteó en particular es que esa medición sea ecosistémica, o sea, que lo que se realice sea una medición a todos los niveles y no por especie. Y allí poder estimar cuánto es la pérdida por pesca ilegal, pero a su vez cuáles son las medidas que deberían tomar los tres países para no perder patrimonio”, explicó.
Entre las especies que podrían verse afectadas mencionó la merluza negra, la corvina en la frontera con Brasil, el calamar y la merluza común. En particular, señaló que, pese a existir mecanismos de protección para la merluza negra, igualmente se registran situaciones de pesca ilegal.
Impacto económico y empleo
Las consecuencias no se limitan al plano ambiental. El jerarca sostuvo que la actividad representa una amenaza para el empleo y la competitividad de las empresas que operan dentro de la normativa. Según indicó, “el sector pesquero uruguayo genera entre 3.000 y 5.000 puestos de trabajo, dependiendo de si se consideran únicamente los empleos directos o también los indirectos”.
En cuanto a las pérdidas económicas, mencionó una estimación realizada por Mar Uruguayo en 2024, que calculó unos US$ 4 millones. No obstante, aclaró que se trata de una cifra que requiere nuevas validaciones antes de tomarla como referencia general.
A escala mundial, recordó que se estima que uno de cada cinco peces proviene de la pesca ilegal. “Pensamos que Uruguay no sería algo diferente. O sea que un 20% del total que generaría como trabajo y como ingresos reales está afectado”, advirtió.
Para Coronel, una de las principales debilidades está en la falta de una estrategia regional y de una visión ecosistémica para abordar el problema. En ese sentido, consideró necesario reforzar los mecanismos de cooperación y el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto, instrumento que Uruguay ya suscribió, Argentina incorporó este año y Brasil todavía no ha firmado.
La coordinación permitiría aprovechar las herramientas tecnológicas que ya utilizan los tres países. “Entre las tecnologías de los tres se puede armar una sinergia para monitorear todo lo que ocurra a lo largo de todas las 200 millas desde Brasil hasta Argentina”, afirmó.
Una estrategia a tres años
Desde la Academia plantean avanzar hacia una organización internacional de ordenamiento pesquero para el Atlántico Sudoccidental, que permita coordinar el control de la actividad más allá de la milla 200 y evaluar cómo repercute sobre las especies que se encuentran dentro de las jurisdicciones nacionales.
Como primer paso, la AUGE trabaja en la elaboración de un documento que reúna los aportes de la jornada de otras instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales y representantes de la industria. La intención es presentar ese material a los tres países y proponer una planificación conjunta para los próximos tres años.
“La institución ofreció trabajar en conjunto con los tres países para generar, desde el punto de vista académico, de las autoridades y de las ONG, un núcleo de trabajo que dé resultado para el combate en nuestra región”, indicó Coronel.
De todos modos, aclaró que la iniciativa todavía se encuentra en una etapa de intercambio y discusión. El objetivo será transformar los planteos surgidos del encuentro en una agenda de trabajo que permita fortalecer la vigilancia y evitar que la pesca ilegal siga comprometiendo los recursos del Atlántico Sudoccidental.