La titular de la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo, Ana Agostino, calificó el presupuesto del que dispone su organismo como «insignificante». En diálogo con CRÓNICAS, dijo además que «ha sido una de las condicionantes, por ejemplo, para que la Defensoría no haya podido crecer en cuanto a recursos humanos». La Defensoría fue creada por decreto de la Junta Departamental en 2003 y, desde ese entonces, el presupuesto que le había sido asignado no ha variado, más allá de los ajustes por IPC (Índice de Precios al Consumo).
Por Federica Chiarino | @FedeChiarino
La partida presupuestal con la que cuenta la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo, según Agostino, ronda los $3.400.000. Ese dinero permite al organismo pagar la mayoría de los salarios. Pero todos los gastos asociados al funcionamiento cotidiano el instituto, el local, papelería, entre otras necesidades, deben ser solventados por la Junta Departamental.
La Defensoría ha realizado algunos reclamos sobre este asunto y, a principios de 2016, Agostino entregó a las autoridades de la Junta Departamental una evaluación detallada de qué necesitaba el organismo para poder funcionar en consonancia con la tarea que le fue asignada. Esta propuesta no obtuvo aprobación, y la Defensoría mantiene su presupuesto.
Varios asuntos de reclamo de los vecinos han sido resueltos con la ayuda de la Defensoría, según Agostino. En varias ocasiones han logrado movilizar expedientes atrasados, han obtenido buenos resultados frente a pedidos de información y reuniones. Pero las recomendaciones de la Defensoría no son vinculantes. La Intendencia puede decidir implementarlas o rechazarlas, en caso de entender que no corresponden.
Un mecanismo de actuación que la Defensoría elige con frecuencia, desde hace varios años, es el de la mediación comunitaria. Esto se aplica cuando un reclamo va más allá de una intervención de las autoridades departamentales. El mecanismo de la mediación consiste en facilitar el diálogo y que sean los propios vecinos quienes lleguen a un acuerdo que permita resolver la situación.
«Somos una institución chica, pero que ha logrado, a pesar de nuestro tamaño, aportar en temas muy importantes».
La titular de la Defensoría admite que, en muchos casos, sus propuestas han sido escuchadas por las autoridades departamentales y nacionales. Al día de hoy se han hecho alrededor de 110 recomendaciones. «Pero más allá del número de recomendaciones, hay muchas otras soluciones que se pusieron en marcha que también son resultado de la actuación de la Defensoría», afirmó Agostino, en referencia a problemas como el de la contaminación acústica que, en muchos casos, su organismo ha logrado resolver.
El protocolo
Para dar respuesta a sus reclamos, la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo cuenta con un protocolo de actuación, que fue propuesto por Agostino al asumir su cargo. Procedimientos, plazos preestablecidos e instrucciones son algunos de los objetivos del protocolo. Cuando un vecino se contacta con la Defensoría, existen plazos predeterminados para enviarle una primera respuesta. Una vez enviada, se estudia si su preocupación es admisible como reclamo o es, por ejemplo, una simple consulta que se puede resolver poniéndose en contacto con la Intendencia. Si se identifica como reclamo, luego se define qué tipo de seguimiento brindarle.
La Defensoría tiene derecho a solicitar expedientes para poder analizar mejor cada caso y comprender las situaciones de los vecinos. Según Agostino, la comunicación telefónica con las autoridades departamentales es fluida. Por decreto, está previsto que la Intendencia les brinde la información, y esa norma se cumple.
Reclamos que persisten
Limpieza, con 41 reclamos; arbolado, con 25; saneamiento, con 23; espacios públicos, con 24; y contaminación acústica, con 20 reclamos; fueron las áreas que generaron la mayor cantidad de asistencias a la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo en el año 2016. Pero la preocupación del organismo es que, desde su creación, en el top cinco han estado los mismos temas. Lo único que ha variado es en orden en la lista.
«La realidad es que ese presupuesto, que es absolutamente insignificante, ha sido una de las condicionantes, por ejemplo, para que la Defensoría no haya podido crecer en cuanto a recursos humanos».
Los temas referidos a tránsito y transporte, para sorpresa de algunos, nunca han llegado a estar entre los cinco más reclamados. «Es un ejemplo de que no necesariamente lo que nos llega la Defensoría es representativo de las preocupaciones de la población del departamento», dijo Agostino. Sobre este tema, han recibido varios reclamos por multas de tránsito, pero no tantos por problemas generales.
En lo que refiere a limpieza, en el mes de julio el edil nacionalista Diego Rodríguez propuso beneficiar con una reducción de la contribución inmobiliaria a quienes tengan un contenedor de basura en la puerta de sus casas. Además, planteó la idea de que se modifique el circuito de recolección de basura y que los contenedores roten de lugar cada un año y no permanezcan siempre sobre las mismas calles.
Agostino opinó que el tema de la reducción de la contribución inmobiliaria es algo a analizar, pero que la Defensoría prefiere la rotación de los contenedores como solución a ese problema. «A nosotros nos parece que los contenedores deberían rotarse con más frecuencia, de manera que no se convierta en el contenedor perpetuo. No es lo mismo tener un contenedor que vos sabés que va a estar ahí por años, a un contenedor que te tocó ahora, un año, un año y medio, y luego se va a correr», explicó.
Sin embargo, la solución de la reducción de la contribución inmobiliaria sí les parece válida y lógica para los casos de las ferias vecinales. La Defensoría ya ha realizado una propuesta en este sentido, tras recibir reiterados reclamos de los vecinos. Agostino entiende que, para quienes cuentan con una feria en la puerta de sus casas una vez por semana, los daños son mayores e incluso podría generarles gastos. Por ejemplo, quienes tienen auto, el día de la feria no pueden sacarlo de sus casas y quizás deban gastar en el transporte público u otras soluciones.
«Nosotros lo que recomendamos, en el caso de los contenedores, es la rotación. Nos parece que los contenedores deberían rotarse con más frecuencia, de manera que no se convierta en el contenedor perpetuo».
La cantidad de reclamos que recibe la Defensoría es bastante grande para su capacidad. Sin embargo, sus funcionarios son conscientes de que, a nivel de conocimiento de la población, aún les falta crecer. «No somos una institución que tiene una presencia en el territorio, donde cualquier vecina o vecino de Montevideo sabe qué es la Defensoría y qué hace», reconoció la titular del organismo.
A pesar de ser una institución chica en cantidad de funcionarios, la Defensoría ha logrado aportes en temas de gran preocupación de los vecinos. Ejemplos de ello han sido sus acciones para resolver el problema de las fincas abandonadas, la contaminación acústica y el saneamiento. «Tratamos de que, a pesar de que no le estamos llegando individualmente a toda la ciudadanía, nuestra acción repercuta mucho más allá de quienes vienen», dijo Agostino.
En la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo trabajan apenas 12 personas. La cantidad de funcionarios es muy limitada si se la compara, por ejemplo, con la de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina, que cuenta con 1.300 funcionarios. Si bien ésta atiende a los reclamos de nueve millones de habitantes, por lo que inevitablemente necesita un equipo más grande, Agostino considera que 12 funcionarios para atender a una ciudad de 1.3 millones, no es suficiente; menos aún si se tiene en cuenta que la Defensoría recibe alrededor de 1.000 reclamos y consultas por año.
«Muchas veces, el no nombrar invisibiliza»
Dentro de su compromiso con la equidad de género, en el mes de abril, el instituto a cargo de Ana Agostino pasó a llamarse Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo, cuando antes solo tenía «vecinos» en su nombre. La propuesta del cambio fue duramente cuestionada por algunos sectores y fue objeto de debate mientras estuvo en estudio. Finalmente, logró su aprobación por entenderse que contribuía a la equidad de género en la sociedad.
La Defensoría mantiene, desde su creación, un fuerte compromiso con las cuestiones vinculadas a los derechos humanos, dentro de las que se encuentra la equidad de género. «Trabajamos desde una concepción de derechos humanos en el más amplio sentido, con claro énfasis en los temas de diversidad», afirmó Agostino. En esta línea, el instituto ha tenido un rol fundamental en iniciativas de accesibilidad y otros asuntos que generan discriminación.
Siempre ha habido mayoría de mujeres en los cargos de la Defensoría, por lo que también sienten el compromiso de defender su lugar. Además, también son mayoría del género femenino quienes recurren a la Defensoría, sobre todo mujeres mayores de 50 años, que ocupan un 37% de la demanda y duplican el 18% de la concurrencia de hombres del mismo grupo etario.
Para Agostino, el lenguaje inclusivo es importante y responde a una voluntad de visibilizar la presencia femenina y hacer justicia. La titular de la Defensoría opina que el lenguaje es uno de los ámbitos donde se reproducen estereotipos, imágenes y mandatos asociados a las mujeres. «Nosotros de verdad creemos que el lenguaje es constructor de realidad, que, muchas veces, el no nombrar invisibiliza».
Pero más allá de las discrepancias, el cambio de nombre de la Defensoría ha recibido felicitaciones de organismos de derechos humanos a nivel internacional. Según Agostino, se ha convocado a otras defensorías a nivel internacional a seguir el ejemplo de la de Montevideo.
«Personas privadas de libertad: vecinas y vecinos de Montevideo»
Bajo ese título, el martes pasado la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo suscribió un convenio de cooperación con el Comisionado Parlamentario Penitenciario. El evento se llevó a cabo en la Sala Artigas de la Junta Departamental de Montevideo.
La iniciativa surge en el marco de una actividad organizada por la Defensoría, en su rol como miembro del Instituto Latinoamericano de Ombudsman y Defensoría del Pueblo (ILO). Uruguay cuenta con tres instituciones similares al Ombudsman: la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, el Comisionado Parlamentario Penitenciario y la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo. Las tres instituciones trabajan en conjunto desde que fueron creadas.
La firma del convenio se realizó en el transcurso de un seminario organizado por la Defensoría, en conjunto con el ILO, que tuvo como eje central el derecho a la ciudad, la sustentabilidad y los aportes que las instituciones de derechos humanos pueden realizar a esa causa. En ese seminario, el Comisionado Parlamentario Penitenciario realizó una presentación que pretendía concientizar sobre el derecho de la población carcelaria a la ciudad. La Defensoría de Vecinas y Vecinos detectó allí la posibilidad de seguir trabajando en conjunto con el Comisionado, para identificar aquellas tareas donde la Intendencia pueda contribuir a mejorar o solucionar incumplimientos. «Nuestra tarea es la defensa de los derechos humanos y un aporte a la mejora de la gestión», afirmó Agostino.
El objetivo del convenio es identificar todas aquellas áreas del gobierno departamental que también llegan a la población carcelaria y, a su vez, que tanto esa población como su núcleo familiar pueda hacer llegar sus reclamos a la Defensoría, en función de su relación con el gobierno departamental. Esto incluye temas vinculados a la recolección de residuos, bromatología, transporte, cultura, entre otros.
El convenio con el Comisionado Parlamentario Penitenciario no es el primero que firma la Defensoría. Esta institución tiene varios otros suscritos con distintos organismos departamentales y nacionales. Ejemplos de esto son Cotryba y la Dinama. Mediante estos acuerdos, cuando la Defensoría recibe un reclamo que excede a su órbita de actuación, puede derivarlo de manera sencilla y ágil a los organismos correspondientes. Por el contrario, si organismos como Cotryba y Dinama reciben reclamos asociados a la órbita departamental, lo derivan a la Defensoría.
«Nos parecía que era otra posibilidad de facilitarle al Comisionado estas situaciones que pueden llegarle pero que, en realidad, la órbita de resolución está en el gobierno departamental», finalizó Agostino.
