El nuevo régimen de envíos expresos, que aún no se ha puesto en marcha, introduce cambios relevantes, entre ellos, el aumento del régimen de franquicia y la introducción del cobro del IVA. En diálogo con CRÓNICAS, el socio del área tributaria de KPMG Aldo Zignago, y la economista de la Cámara de Comercio y Servicios, Ana Laura Fernández, analizaron cómo funciona el nuevo esquema, su impacto en los consumidores y las dudas que persisten sobre la competencia con el comercio local.
La reciente aprobación de la Ley de Presupuesto introdujo modificaciones relevantes en el régimen fiscal que regula las compras en el exterior a través de envíos expresos, una modalidad que se volvió masiva en los últimos años con el auge de plataformas como Temu. El nuevo esquema incorpora el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a determinadas importaciones y modifica los límites del régimen de franquicia, con el objetivo de reducir las diferencias con el comercio local. Sin embargo, su efectividad para modificar el comportamiento de los consumidores y equilibrar la competencia aún genera dudas.
En diálogo con CRÓNICAS, Aldo Zignago, socio del departamento tributario y legal de KPMG, explicó que la normativa introduce dos grandes cambios. El primero es la aplicación del IVA a las compras realizadas en el exterior bajo el régimen de envíos expresos, excepto las realizadas a Estados Unidos por valores inferiores a US$ 200 que continuarán exentas del impuesto. Sin embargo, para el resto de los casos, el nuevo régimen incorpora el impuesto y como consecuencia se encarece el costo final de las compras realizadas en el exterior.
El segundo cambio relevante tiene que ver con la modificación del monto máximo permitido dentro del régimen de franquicia. Hasta ahora, los consumidores podían realizar hasta tres compras anuales por un valor máximo de US$ 200 cada una, lo que totalizaba US$ 600 al año. Con la nueva normativa, ese tope se eleva a US$ 800; a esto se le suma la posibilidad de concentrar ese monto en un único envío.
“Ya no serán tres compras de hasta US$ 200, sino una de hasta US$ 800. Para muchos productos, en particular los tecnológicos, esto puede resultar beneficioso”, señaló Zignago. El especialista explicó que esta modificación amplía el tipo de bienes que pueden ingresarse bajo este régimen y permite realizar compras de mayor valor que antes quedaban fuera del alcance de la franquicia.
Desde la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, la economista Ana Laura Fernández coincidió en que el cambio tiene un impacto positivo desde la óptica del consumidor. “La aplicación del IVA del 22% no va a generar un menor uso del régimen, ya que se mantiene una gran diferencia respecto a los precios locales”, afirmó.
Según Fernández, el aumento del tope a US$ 800 permite traer productos de mayor tamaño y valor, así como ampliar la variedad de bienes que ingresan bajo esta modalidad. “Los rubros que hoy tienen ya una alta incidencia, como lo son la vestimentas y juguetes, pueden ingresar productos de mayor valor, calidad y generar una mayor competencia para lo que es el comercio formalmente establecido en el país”, sostuvo.
Competencia desleal y falta de controles
El trasfondo del cambio normativo está estrechamente vinculado a los reclamos del comercio local, que en los últimos años ha advertido sobre el impacto del crecimiento de las compras al exterior. “Venimos batiendo récords de compras a China, y la competitividad del comercio uruguayo queda en desventaja”, explicó Zignago.
Por la misma línea, la economista de la Cámara de Comercio y Servicios indicó que en 2025 se llevaron a cabo más de dos millones de operaciones bajo este régimen, el doble respecto al 2024. “Hay controles que no se están haciendo, no por falta de voluntad, sino por la magnitud de las operaciones que hay y los recursos con los que cuentan las diferentes autoridades, particularmente la Dirección Nacional de Aduanas”, dijo Fernández al respecto.
La especialista advirtió que, si bien la Aduana ha avanzado en mecanismos de control y fiscalización, el crecimiento exponencial de las compras genera desvíos y usos indebidos del régimen. “Existen operaciones que se dan fuera del marco de la ley y que hacen todavía que el problema se magnifique aún más”, afirmó.
Por su parte, el socio de KPMG sostuvo que uno de los principales reclamos es que los comerciantes locales deben cobrar IVA en todas sus ventas, mientras que muchas compras del exterior hasta ahora no estaban gravadas. “Esa diferencia incentivó al consumidor a comprar directamente en el exterior”, explicó Zignago.
Respecto a esto, Fernández sostuvo que “todos los planteos realizados desde el sector comercio hacia las autoridades en tratar de reducir esa desigualdad, esas brechas, no fueron atendidos, sino que, por el contrario, este nuevo régimen, si bien incluye el cobro del IVA, se tomaron otras decisiones que hacen que se magnifique el problema”. En su opinión, la puesta en marcha del nuevo régimen podría profundizar algunos de los impactos negativos que ya se observan en el comercio local.
Aplicación pendiente
Si bien la Ley de Presupuesto establece que el nuevo régimen entraría en vigencia a partir del 1º de enero de 2026, su aplicación efectiva aún está pendiente. “La ley ya está vigente, pero el régimen no se aplica porque se está esperando el decreto reglamentario”, explicó Zignago. Será el Poder Ejecutivo el encargado de definir los límites, las condiciones y mecanismos de control necesarios para que el sistema entre plenamente en funcionamiento.
Mientras tanto, continuará vigente el régimen simplificado de importación, que autoriza la compra de mercadería en el exterior mediante el pago de un tributo único del 60% sobre el valor del producto, con un mínimo de US$ 10. Este mecanismo permite realizar compras de hasta US$ 200 y un peso máximo de 20 kilos por envío, sin un tope anual en la cantidad de operaciones, siempre que se cumpla con el pago del impuesto correspondiente.